Fuente. Público 21/09/2017

Cuando una persona pierde su trabajo dice que le han echado a la calle. Y cuando una persona pierde su casa dice que se ha quedado en la calle. Lejos de tratarse de una metáfora, estas expresiones empezaron a cobrar sentido literal a raíz de los primeros brotes de la crisis, que han hecho de la calle el hogar de muchos españoles. Las llamadas personas sin hogar o sin techo ya no son ciudadanos de clase baja, sin estudios y sin apoyos familiares, como se podría deducir de la imagen que se tiene de este colectivo. Entre las más de 30.000 personas que viven en las calles de nuestro país, cada vez hay más ancianos, más jóvenes, más universitarios y más ciudadanos que tienen un empleo cualificado. Lo refleja la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar 2015-2020 (ENI-PSH) aprobada hace dos años, un documento que plantea cinco líneas estratégicas (prevención, sensibilización, seguridad, restauración del proyecto de vida y mejora de la información) para erradicar este problema pero que no está dotada económicamente ni establece medidas concretas.

Es por ello que el Congreso ha pedido este jueves al Gobierno que elabore un Plan de Atención Integral a las personas sin hogar antes de que acabe el año. Un plan que tenga dotación presupuestaria y desarrolle las propuestas de la Estrategia Nacional. La petición, que figura en la enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios a la propuesta no de ley del PSOE, fija una evaluación a 31 de diciembre de 2018 que se presentará ante la Comisión para que determine qué políticas se tienen que desarrollar en el futuro. «El objetivo es que un grupo de trabajo formado por representantes de las comunidades autónomas, entidades locales y del Tercer Sector plantee acciones concretas que se tengan en cuenta en los Presupuestos de 2018», ha explicado a Público la diputada socialista que ha defendido la PNL, Elvira Ramón. Además, como solicitó Ciudadanos, el Gobierno trasladará al Instituto Nacional de Estadística (INE) la necesidad de realizar una nueva encuesta sobre personas sin hogar, que contemple también el muestreo de personas sin hogar que duermen en la vía pública.

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Fuente: El Periódico 10 sep 2017

La vivienda es uno de los factores que están relacionados con la salud de la población y, por tanto, elementos como las condiciones físicas o el acceso a un hogar son importantes en la salud pública. El acceso a una vivienda adecuada se reconoce expresamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que toda persona debe tener derecho a un nivel de vida que garantice salud y bienestar, independientemente de su situación.

La relación entre vivienda y salud se puede explicar a través de diferentes dimensiones: los aspectos económicos y legales, que son de gran importancia y se relacionan con el acceso y la seguridad en la tenencia de la vivienda y, por tanto, con el riesgo de perderla. En segundo lugar, el significado emocional y social que las personas dan a su hogar. Las condiciones físicas de la vivienda y el entorno físico y social del barrio de residencia serían dos aspectos finales también clave. Pero conviene saber que la situación económica del país, las políticas que fomentan el Estado del bienestar, así como el mercado y las políticas de vivienda son condicionantes también de la relación entre la vivienda y la salud. ( Sigue leyendo…)

Fuente: diario información

A estas alturas, sabemos de sobra que los principales enemigos del tripartito son ellos mismos. Son quienes actúan desde el talibanismo político buscando el ventajismo, quienes sustituyen el interés general de la ciudad por su egocéntrica mirada dogmática, quienes son incapaces de reconocer sus limitaciones e incapacidades sin parar de generar conflictos, quienes viven en una situación de permanente enfrentamiento contra todos aquellos que no aplauden sus disparates o se atreven a manifestar alguna crítica. Esos enemigos están dentro del tripartito aunque a veces en forma de asesores o de palmeros recalcitrantes, pero distribuidos de una forma muy desigual, ya que las tres fuerzas políticas que integran el Gobierno municipal no actúan de la misma forma, ni mucho menos, afortunadamente.

A pesar de que estos días de agosto tratan de ser tranquilos y el alcalde accidental, Natxo Bellido, intenta que su mandato temporal sea calmado, varios temas le han estallado en las manos, demostrando bien a las claras ese funcionamiento tan particular que ha desarrollado el ejecutivo local en Alicante, más parecido al ejército de Pancho Villa, donde cada uno dispara por su cuenta, como le parece y sin una estrategia común. Solo así pueden entenderse algunas decisiones que durante los últimos días han generado una notable polémica y malestar en buena parte de la ciudadanía.

En primer lugar, conocimos a través de un gran despliegue propagandístico de la Concejalía de Protección Animal que su responsable, Marisol Moreno, había impuesto una elevada sanción de 6.611 euros a una persona por maltrato animal y por no tener vacunado a su perro, tras la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local a petición de los vecinos. Solo se puede aplaudir que nuestro Ayuntamiento proteja a los animales del maltrato, aunque no deja de ser llamativa la elevada cuantía de la sanción impuesta que, según declara esa Concejalía a través de una nota de prensa, «la medida adoptada supone un hecho ejemplar», buscando así dar una lección pública.

Sin embargo, en el citado comunicado y en la abundante información ofrecida por la concejala Marisol Moreno se ocultaba un hecho absolutamente determinante, y es que la persona a la que se le impuso esta elevada sanción era un mendigo que solía dormir en la calle.

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